(Comunicado de Prensa) Monterrey, Nuevo León.- Desde la ciudadanía organizada vemos con preocupación las irregularidades encontradas en la recolección de firmas ciudadanas en “respaldo” a las candidaturas independientes, acciones que restan al ambiente democrático y legal en el marco de las Elecciones de 2018 en nuestro país.

En días recientes se han publicado en la prensa local y nacional casos de supuesta suplantación, coacción y falsificación de rúbricas para acreditar ante el órgano electoral a quienes aspiran a alguna candidatura sin partido, situación que de entrada vulnera la voluntad ciudadana.

Frente a este contexto, llama la atención y preocupa sobremanera que el Instituto Nacional Electoral (INE) no se haya posicionado hasta ahora de manera clara y contundente sobre asuntos que son de su competencia directa.

En este sentido, por ejemplo, no ha clarificado si es constitucional o no la participación de Jaime Rodríguez, gobernador con licencia de Nuevo León, en la contienda presidencial. Y qué decir acerca de la falta de reacción ante la persistente incertidumbre de qué pasará con los presuntos fraudes que se han evidenciado a nivel nacional en la recolección de firmas.

El organismo electoral tiene la responsabilidad de atender los vacíos y huecos que hay en el marco legal que han permitido que los candidatos independientes realicen este tipo de fraudes con las firmas, cuestiones que ameritan investigaciones y acciones serias, y nos hacen preguntar ¿qué propone el INE para enmendar este marco legal?

Los ciudadanos organizados exigimos que la autoridad electoral se posicione de manera clara y firme sobre el tema, en todo caso dejará en la ciudadanía esta sensación de desconfianza que ha prevalecido gracias a estas situaciones que son temas importantes para la opinión pública.

Por otra parte, lamentamos que bajo la bandera de la “independencia”, que ostentan algunos aspirantes a puestos de elección popular, resurjan viejos vicios que impiden la evolución hacia una democracia digna y contrarrestan credibilidad a quienes verdaderamente tienen la voluntad de servir a los ciudadanos.

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