Además de otorgarle el perdón a la empresa que vendió cobertores a precios super inflados, el gobierno estatal, tampoco procesará a Rogelio Benavides Pintos ni al resto de los funcionarios involucrados en el Cobijagate.
Monterrey.- Tal parece que el primer caso de corrupción (cobijagate) denunciado en el gobierno Independiente concluyó sin culpables, pues tanto la empresa que vendió los 200 mil cobertores a precios sobre valuados, como los funcionarios involucrados en su compra fueron solamente apercibidos y sin sanciones penales en su contra.
En el caso de la empresa Comercializadora Mirof, la administración de Jaime Rodríguez Calderón llegó a un acuerdo para evitar sanciones penales, por lo que ésta entregará 60 mil cobijas al gobierno estatal obteniendo a cambio el cese de la investigación en su contra.
Por lo que respecta a los funcionarios y ex funcionarios involucrados, la sanción es más bien simbólica.
Mediante un comunicado se detalla que la Contraloría y Transparencia Gubernamental aplicará una sanción de 100 días de salario a Rogelio Benavides Pintos, ex Subsecretario de Administración, así como a Gonzalo Padilla Orozco, Director de Adquisiciones.
Detalla también que se sancionará a los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, Helena Silva Parra, Directora Administrativa y Pedro Antonio Valadez Rodríguez, Coordinador de Control Presupuestal y Financiero de la Dirección Administrativa, quienes recibirán un apercibimiento privado.
Por parte de la Contraloría se amonestará a Jesús Efraín Mazatán Parra, representante de la Contraloría en el Comité de Adquisiciones, quién será sancionado con apercibimiento público.
En el comunicado se establece que la empresa aceptó que por error entregó el 30 por ciento de las cobijas con las medidas diferentes a las establecidas en la licitación, por lo cual, se llegó al acuerdo entre ambas partes para entregar nuevos cobertores.
Los cobertores fueron adquiridas a un precio triplicado, ya que el gobierno las compró a 125 pesos más IVA, cuando en el precio de mercado se pueden llegar a adquirir entre 59 y 93 pesos.
Con esta situación el gobierno del Estado da por concluida la investigación contra la compra a precios triplicados de cobertores, que fueron repartidos durante el mes de diciembre.
