El magistrado Raúl Eduardo Covarrubias García, titular del Tribunal Unitario Agrario del distrito 20 en Nuevo León, denunció a un grupo de mujeres de la tercera edad por presunta privación ilegal de la libertad. Las acusaciones surgieron tras una protesta realizada en octubre de 2024 en las instalaciones del tribunal, ubicado en la colonia Obispado, donde las mujeres exigían la recepción de una denuncia contra varias constructoras por presuntos despojos de terrenos ejidales.
Las mujeres protestaban debido a que, según argumentan, los terrenos del ejido San Nicolás, ubicados en Sendero y Carretera a Colombia, en Escobedo, Nuevo León, han sido objeto de despojo por parte de constructoras involucradas en el proyecto denominado «Canadá». A pesar de que las afectadas solicitaron que su denuncia fuera atendida, la respuesta del magistrado incluyó la interposición de una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Escobedo.
El caso tomó un giro controversial el pasado 28 de noviembre, cuando el fiscal Wendy Fuentes Barragán, de la FGR, emitió un citatorio de comparecencia para las mujeres, dentro de la carpeta de investigación FED/NL/ESC/0002526/24. Este citatorio fue programado para el 4 de diciembre de 2024, coincidiendo con la fecha en la que el magistrado Covarrubias había convocado a las mujeres al Tribunal Unitario Agrario para rendir su declaración sobre los presuntos despojos.
El conflicto ha generado críticas por parte de organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos, quienes señalan que las mujeres, en su mayoría ejidatarias de la tercera edad, enfrentan una doble vulneración: por un lado, la falta de atención a su denuncia, y por otro, la judicialización de su protesta. Los críticos acusan a las autoridades de intentar disuadir la lucha por la defensa de los terrenos mediante el uso de procedimientos legales.
La situación sigue siendo objeto de atención pública, y se espera que las declaraciones tanto en la Fiscalía como en el Tribunal puedan arrojar más luz sobre el caso. Mientras tanto, las mujeres denunciadas han reiterado su compromiso de seguir exigiendo justicia para los ejidatarios del ejido San Nicolás.
