Ciudad de México, 4 de septiembre de 2024 – En una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la controversial reforma al Poder Judicial. Con 359 votos a favor y 135 en contra, Morena y sus aliados del PT y PVEM lograron pasar la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este cambio en la estructura del sistema judicial mexicano ha generado un amplio debate sobre sus posibles repercusiones en la independencia y funcionamiento de la justicia en el país.

La aprobación de la reforma se dio en un contexto tenso y marcado por la protesta. Debido a las manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de Derecho, que bloquearon el acceso al Congreso, la sesión tuvo que trasladarse a la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. Este cambio de sede, lejos de calmar los ánimos, exacerbó las tensiones, con los manifestantes denunciando actos de intimidación por parte de las autoridades.

Cambios Clave en el Sistema Judicial

La reforma al Poder Judicial incluye varias modificaciones de gran calado. Uno de los puntos más relevantes es la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que pasará de 11 a 9. Además, el periodo en el cargo de los ministros se acorta de 15 a 12 años, y se elimina la pensión vitalicia, una medida que ha sido motivo de controversia.

Otro cambio significativo es la supresión del Consejo de la Judicatura Federal, que será reemplazado por dos nuevas instituciones, una de ellas el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de supervisar la conducta de jueces y magistrados. Sin embargo, la propuesta más debatida es la elección de jueces mediante voto popular, una medida que, según la oposición, podría comprometer la independencia judicial y politizar la justicia en México.

Reacciones Encontradas

La aprobación de esta reforma no estuvo exenta de críticas. La diputada Margarita Zavala, del PAN, describió la medida como una “venganza política”, argumentando que se trata de un intento por parte del gobierno de debilitar la independencia del Poder Judicial. Por su parte, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió la reforma, asegurando que es una respuesta al “hartazgo del pueblo hacia la dictadura del birrete y de la toga”, en referencia a lo que considera una élite judicial alejada de las necesidades del ciudadano común.

La reforma al Poder Judicial forma parte de un paquete más amplio de 20 reformas que el presidente López Obrador ha presentado desde febrero de este año, con el objetivo declarado de democratizar el acceso a la justicia en el país. Sin embargo, la aprobación en lo general es solo el primer paso; en los próximos días, se espera que continúen las discusiones y votaciones en lo particular, donde se debatirán artículo por artículo los detalles de la reforma.

La implementación de esta reforma podría tener profundas implicaciones para el sistema judicial mexicano. Por un lado, sus defensores argumentan que democratizará la justicia y hará al sistema más accesible para todos los ciudadanos. Por otro lado, sus detractores temen que la politización de la elección de jueces y la reestructuración de la Suprema Corte pongan en riesgo la independencia judicial, un pilar fundamental en cualquier democracia.

Las consecuencias legales y políticas de esta reforma aún están por verse, y los próximos días serán cruciales para entender cómo se desarrollará este proceso en un país donde la justicia ha sido un tema central en el debate público. La discusión sobre la reforma al Poder Judicial no solo es un tema de política legislativa, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre el futuro del estado de derecho en México.