Fueron 30 servidores públicos, 8 destituciones y 22 suspensiones a quienes se les aplicó sanción informó el secretario de gobierno del estado de México José Manzur Quiroga.
Al concluir las investigaciones de 52 funcionarios públicos, 30 fueron los sancionados por presuntas violaciones a los derechos humanos, las sanciones se aplicaron al comprobar violaciones grabes a las garantías individuales del personal del ejército, PGR, agentes ministeriales, y peritos de la PGJEM.
Esto debido a los sucesos ocurridos el 30 de junio de 2014 en una bodega de Tlatlaya donde murieron 22 presuntos delincuentes en un enfrentamiento con militares, sin embargo esto fue desmentido por uno de los tres sobrevivientes, quien aseguro que un civil había muerto en el choque y los demás después de un interrogatorio lo que desencadeno la detención de los militares y su procesamiento en los fueros civil y castrense.
El personal de la procuraduría altero la escena del crimen para que no hubiera imputaciones contra los elementos castrenses, esto según la investigación.
Gracias a estos hechos siete policías ministeriales y un agente del ministerio público fueron acusados de tortura, pero el juicio sigue sin concluir.
